El documento revela que entre 2.500 y 3.500 refugiados tibetanos llegaban a la localidad india de Dharamsala cada año. La mayoría regresa a Tibet tras haber tenido una audiencia con el Dalai Lama, el líder espiritual tibetano que vive en el exilio en India. Vea más info y fotos en  FORO TIBET

Milenio.com
Lun, 20/12/2010 – 03:00

Kathmandú.- Un documento filtrado por el portal Wikileaks asegura que China paga “a las autoridades nepalíes” para que arresten a tibetanos, lo que ha provocado una reducción de los peregrinos que viajan a la ciudad donde se encuentra exiliado el Dalai Lama, según un reporte conocido hoy.

El cable cita a una fuente no identificada de la embajada estadounidense en Nueva Delhi que afirma que el gobierno chino paga a los nepaleses por actuar contra los tibetanos.

“El gobierno chino recompensa (a las autoridades nepalíes) proveyendo incentivos financieros a los funcionarios que entreguen a los tibetanos que intentan salir de China”, según las declaraciones de una fuente no identificada en un encuentro en Nueva Delhi el 22 de febrero de 2010.

El documento revela que entre 2.500 y 3.500 refugiados tibetanos llegaban a la localidad india de Dharamsala cada año. La mayoría regresa a Tibet tras haber tenido una audiencia con el Dalai Lama, el líder espiritual tibetano que vive en el exilio en India.

“Pekín pidió a Kathmandú que aumente las patrullas en la frontera nepalesa y dificulte a los tibetanos entrar en Nepal”, según el documento.

Unos 20.000 tibetanos viven en el exilio en Nepal, país que ha sido criticado por la ONU por su forma de tratar a los refugiados. Según un convenio bautizado como “acuerdo de caballeros”, Nepal debe autorizar a los tibetanos sin documentos a cruzar la frontera con India.

Nepal, que apoya la política de “una sola China” que incluye a Tibet, ha acallado numerosas protestas contra Pekín en Kathmandú.

Afrol News, 30 de Noviembre - Fuerzas policiales de Marruecos asaltaron el lunes de forma violenta un centro educativo en la ciudad ocupada de Smara causando heridas a 29 estudiantes saharauis, según denunciaron fuentes saharauis.

Según las mismas fuentes, al menos 29 estudiantes han sido trasladados al hospital provincial de Smara ocupada y la mayoría de los heridos son chicas que estudian en el centro educativo, añaden.

Asociaciones de derechos humanos han criticado en los últimos días el "clima de odio" que reina en el Sahara Occidental ocupado tras el asalto el pasado 8 de noviembre del campamento de Gdaim Izik y la posterior represión en El Aaiún, capital ocupada del Sáhara Occidental.

El pasado jueves el Parlamento Europeo condenaba el uso de la violencia en el asalto del campamento de Gdeim Izik y pedía una investigación independiente de la ONU en el Sáhara Occidental. El texto aprobado por la Eurocámara en Estrasburgo (Francia), muestra también preocupación por los detenidos, desaparecidos y torturados saharauis, así como pide que sean tratados con las normas internacionales.

Igualmente, manifiesta su más "profunda" preocupación por el notable deterioro de la situación en el Sáhara Occidental y pide a las Naciones Unidas el establecimiento de un "mecanismo de control de los derechos humanos en el Sáhara Occidental.

Por su parte, investigaciones publicadas este fin de semana por Human Rights Watch (HRW), revelan que las fuerzas de seguridad marroquíes habían cometido "graves" violaciones de los derechos humanos durante su violenta intervención en el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik, cerca del El Aaiún.

La organización americana señala que "las fuerzas de seguridad marroquíes han violado y torturado una y otra vez a los saharauis que fueron detenidas a raíz del ataque al campamento de Gdeim Izik, cerca del Aaiún, capital ocupada del Sáhara Occidental".”

© SPS/afrol News

La propuesta promovida por la derechista Unión Democrática del Centro (UDC) fue aprobada con 53 por ciento de los votos. La mayoría de los cantones donde se habla francés se opusieron a la medida, en tanto los de origen alemán la apoyaron. Salvo por el de Basilea-ciudad, en el resto la aprobación fue de 66 por ciento.

Es un "día negro para los derechos humanos en Suiza", reza una declaración de Amnistía Internacional, que, al igual que otras organizaciones, quedó "impactada". El triunfo de la UDC se basó sobre una campaña xenófoba.

Según el Tribunal Federal de Suiza, las condenas de más de un año permiten poner en marcha el mecanismo de deportación. Suiza expulsa entre 350 y 400 extranjeros delincuentes al año, según la Oficina Federal de Migraciones. Con la iniciativa aprobada el domingo, la cantidad aumentará a 1.500 personas.

La ministra de Justicia Simonetta Sommaruga será la responsable de implementar la iniciativa, una tarea nada fácil. "Desde el punto de vista constitucional, la medida no es viable sin violar tratados ni normas internacionales", indicó Spescha.

El principio de no expulsión previsto en la legislación internacional establece que ninguna persona deberá ser deportada a países en los que pueda ser perseguida. La norma que acaba de ser aprobada viola la Convención Europea de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, de la Organización de las Naciones Unidas.

La deportación de extranjeros que delinquen también atenta contra el Acuerdo bilateral Suiza-Unión Europea sobre el Libre Movimiento de Personas.

El gobierno y la mayoría parlamentaria, constituida principalmente por los miembros de los partidos liberales promovieron sin éxito una contrapuesta.

La organización de defensa de los derechos de los refugiados Solidarité sans frontières (SOSF) se opuso a ambas propuestas, al igual que el Partido Verde y algunos miembros de la agrupación Socialdemócrata de Suiza. La contrapropuesta se basó sobre una sociedad en la que los extranjeros tienen un trato legal diferente al de los ciudadanos suizos, indicó el secretario general de SOSF, Moreno Casasola. "Era más progresista en materia de aplicación jurídica que la iniciativa de la UDC, pero su fundamento seguió siendo xenófobo", explicó.

En cambio, el Consejo Suizo para los Refugiados apoyó la contrapropuesta.

La UDC maneja mucho dinero gracias al cual lleva adelante una campaña contra la inmigración desde hace 20 años, remarcó. En Suiza, las campañas electorales no están reguladas, indicó Skenderovic, quien añadió que es necesario fijar normas de transparencia en la materia.(FIN/2010)”

La aprobación de la Convención sobre Desapariciones Forzadas por la plenaria de la Cámara de Representantes en la noche de ayer es una decisión acertada y trascendente de las autoridades colombianas. 

Sin embargo, en aras a dotar a la Convención de todo su alcance, el presidente Juan Manuel Santos debería añadir al instrumento de ratificación que debe depositarse en la sede la ONU las declaraciones prevista en los artículos 31 y 32 de la misma que establecen el reconocimiento de los estados de la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por las víctimas de desapariciones o sus familiares o por otros estados.·

Sin la mentada aceptación de la competencia, que ya han admitido plenamente cinco estados, la efectividad de la Convención en Colombia será meramente declamatoria, pues se privará al ente encargado de monitorear el cumplimiento de las disposiciones de la Convención de toda facultad de control o supervisión. Es de señalar que la competencia del Comité no es retroactiva, y que solo se extiende a las desapariciones forzadas que se hayan iniciado con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Convención.

Amnistía Internacional confía que las nuevas autoridades colombianas, al tiempo de efectuar el depósito del instrumento de ratificación de la Convención sobre Desapariciones Forzadas, formularán la declaración prevista en los artículos 31 y 32 de la misma que establecen el reconocimiento de los estados de la competencia del Comité.

Información adicional

Hasta el presente 86 estados son signatarios en la Convención y 19 estados son parte en ella (Albania, Argentina, Alemania, Bolivia, Burkina Faso, Chile, Cuba, Ecuador, España, Francia, Honduras, Japón, Kazajistán, Mali, México, Nigeria, Paraguay, Senegal y Uruguay). De aprobarse la misma por la Corte de Constitucionalidad y ser promulgada por el presidente Santos, Colombia podría convertirse en el 20° estado parte cuando deposite el instrumento de ratificación en la sede de la ONU, permitiendo, de tal modo la entrada en vigor del Tratado. 

La Convención sobre Desapariciones forzadas, adoptada en 2006, establece que nadie será sometido a una desaparición forzada y que en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada. 

La Convención también determina que la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el derecho internacional aplicable y trae aparejada las consecuencias previstas por el derecho internacional aplicable. 

La Convención dispone la creación de un Comité - integrado por diez expertos - cuya función principal consiste en examinar, de manera urgente, toda petición presentada por los allegados de una persona desaparecida, sus representantes legales, sus abogados o las personas autorizadas por ellos, así como todo aquel que tenga un interés legítimo, a fin de que se busque y localice a una persona desaparecida.