Un total de 3.005 personas solicitaron asilo a España el año pasado, lo que supone el nivel más bajo de peticiones que se registra desde los años noventa e implica un descenso del 33,6 por ciento respecto de 2008, según explica la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en un informe del que se desprende que más de la mitad fueron inadmitidas a trámite y "sólo" 349 personas recibieron alguna protección por parte del Estado.

El estudio, titulado 'Situación de los Refugiados en España 2010', sostiene que este descenso se debe a que este país "es un alumno aventajado en el control policial de las fronteras" pero "va con retraso" en la protección internacional porque las autoridades rechazan a personas perseguidas en sus países de origen como si fueran inmigrantes económicos en situación irregular dada la "falta de mecanismos" para distinguir entre unos y otros.

Así lo han explicado en rueda de prensa la presidenta de CEAR, María Jesús Arsuaga, y el coordinador del informe, Mauricio Valiente, quienes han incidido en que España "no supera el examen en el nivel más primario de la protección internacional" porque, mientras los refugiados en el mundo se incrementan --las peticiones en la UE han crecido un 10%--, este país ha tenido en 2009 "la cifra de solicitudes más baja de su historia".

En concreto, CEAR expone que de las 3.000 solicitudes recibidas el año pasado, más de la mitad no se admitieron a trámite (52%) y señala que durante el mismo periodo, "el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, firmó la denegación de la protección internacional a 2.288 personas".

El 8 por ciento de las solicitudes se cursaron en puestos fronterizos y el 41 por ciento ya en territorio español. Valiente destacó que "sólo el 1 por ciento" se presentaron en las embajadas y consulados, posibilidad "que ha desaparecido con la nueva Ley de Asilo", algo a su juicio innecesario porque "el bajo número de peticiones, un total de 83, demuestra que no se habría desbordado el procedimiento por esta vía".

Por nacionalidades, el mayor número de solicitudes presentadas en España correspondieron a ciudadanos nigerianos (581) aunque siete de cada diez fueron inadmitidas a trámite. Le siguen los oriundos de Costa de Marfil con 345 peticiones, la mitad inadmitidas; y los de Colombia, que sumaron 280 de las que el 47,5 por ciento no se admitió. No obstante, aunque presentaron menos peticiones, en el caso de los palestinos, los iraquíes y de Sri Lanka se admitió más del 90 por ciento.

Cuando se inadmite a trámite la petición, el solicitante tiene la posibilidad de apelar por vía judicial. El año pasado se presentaron 1.036 recusos en este sentido y los juzgados dictaron 83 sentencias estimatorias y más de 1.400 desestimatorias (el 92 por ciento del total), según el informe de CEAR.

Respecto a las admisiones a trámite, que se resuelven en 72 días hábiles, Valiente explicó que la Administración tarda "una media de dos años" en analizar el caso y responder concediendo o denegando la protección. El año pasado Interior reconició el estatuto de refugiado a 179 personas, un total de 172 recibieron protección subsidiaria y ocho accedieron a un permiso de residencia por motivos humanitarios.

"NO SOMOS INMIGRANTES"

Mientras la administración resuelve, el solicitante puede recibir apoyo de organizaciones como CEAR, especialmente hasta cumplir seis meses en España, cuando acceden al permiso de trabajo, o Interior resuelva sobre su petición. En esta situación de espera se encuentra un hondureño de nombre Jonathan, que a sus treinta años se vio obligado a huir de su país por su participación activa en el movimiento opositor al gobierno golpista de Roberto Micheletti.

Según declaró en la rueda de prensa, su pareja, también activista, fue torturado y asesinado en el domicilio que ambos compartían, momento en que decidió ponerse en manos de una ONG de Derechos Humanos que le ocultó "cada noche en un lugar distinto" hasta que empujó su salida del país cuando ya "no podía proteger su vida" y le puso en contacto con CEAR.

Llegó a España el pasado 8 de febrero y tras 48 horas retenido en una de las dependencias del Aeropuerto de Madrid Barajas, donde recibió asistencia de Cruz Roja y prestó declaración ante la policía y los delegados de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior, cruzó la frontera española en calidad de solicitante de asilo.

Como la suya, España ha recibido cerca de un centenar de peticiones desde que se produjo el golpe de Estado en Honduras el año pasado y, según CEAR, "casi la totalidad" han sido admitidas a trámite. Además, al aplicarse la vía de urgencia, hay ya "al menos dos" conciudadanos de Jonathan a los que se ha concedido el estatuto de refugiado.

"Los asilados políticos no somos migrantes económicos. Nos vemos involicrados en situaciones de injusticia en nuestros países", explicó Jonhatan, para incidir en lo traumático que resultó para él dejar toda su vida y salir corriendo para "poder seguir denunciando lo que allí ocurre" dado que en aquel país "tenía las horas contadas".

La organización criminal está sin jefes con experiencia y sin capacidad para acoger a nuevos activistas.

El pasado jueves Fermín Martínez, Artzai Santesteban y Zuriñe Gogenola, tres de los nuevos activistas de ETA que figuraban en las listas de los más buscados del Ministerio del Interior, se dejaron «cazar» en Roma tras pasar medio año de rocambolesca huida por Europa sin que nadie en la banda pudiera hacerse cargo de ellos tras su fuga el pasado noviembre cuando escaparon al último gran golpe a la cantera terrorista. Al final, prefirieron entregarse ante la imposibilidad de tomar las armas. La debilidad del otrora omnipresente aparato de acogida es la última evidencia de la descomposición de ETA, pero no es la única: el colectivo de presos engorda día a día, la disidencia en las cárceles crece a ritmo exponencial, los atentados son esporádicos, los jefes caen uno tras otro, las listas de liberados menguan como nunca, el acoso internacional acogota por todos lados. Así las cosas, el manido mantra de que «estamos más cerca del final de ETA», repetido con machaconería por los cinco últimos ministros del Interior durante los últimos 14 años, parece tener visos de ser algo más que un deseo. ¿Es el final de trayecto de una banda con 51 años de historia de sangre?

El rumor de que la banda está cerca de declarar una tregua tácita o explícita se hace más fuerte conforme la disidencia en la calle y, sobre todo, en las cárceles aumenta. La apuesta decidida de Alfredo Pérez Rubalcaba por romper a ETA desde las prisiones, en la que él no creía a su llegada al Ministerio, da ahora los mejores frutos y la cúpula terrorista lo sabe, pero se ve impotente para frenar la sangría. Son ya cerca de medio centenar de presos los que, de una forma u otra, han roto con la organización e, incluso, han firmado los cuatro puntos que Interior exige para que se incorporen al grupo de arrepentidos: condena de la violencia, perdón a las víctimas, asumir la responsabilidad civil de sus atentados y colaboración con la justicia. Por las tres cárceles en las que Instituciones Penitenciarias concentra a estos díscolos, Villabona, Zuera y Nanclares, han pasado cerca de un centenar de presos en los últimos meses. Unos movimientos que forman parte de una dinámica de continuos y calculados traslados de reclusos terroristas que se ha intensificado. Sólo entre mayo y junio, 72 miembros de ETA han sido alejados o acercados, la décima parte de la población reclusa de la organización que está repartida por España, Francia, Portugal, Inglaterra y, desde esta semana, Italia.

La colonia etarra entre rejas no ha bajado ni una sola vez de los 600 presos desde el 2002 aunque los atentados, que a la postre son la mejor pista para practicar detenciones, se han reducido desde entonces a menos de la cuarta parte. Entre enero y junio del 2010, según las estadísticas de Interior, fueron capturados 61 terroristas sin que ETA haya podido perpetrar ni un atentado relevante en España.

Apuestas fracasadas

Las detenciones antes de actuar, las más valiosas, pero también las más difíciles, son moneda corriente, y han permitido capturar tanto a jefes como a «indios». El pasado mayo cayó en Francia el quinto cabecilla de ETA en dos años. Como casi todos sus antecesores, Mikel Karrera, 'Ata', en su breve «mandato» de tres meses se preocupó más de huir que de preparar atentados. Sus apuestas se contaron por fracasos antes de nacer: la fábrica de bombas de Portugal, la reactivación de tres comandos en el País Vasco y la puesta en marcha de una base en Cataluña.

«Y por debajo las cosas no están mejor», afirman los mandos de la lucha antiterrorista que, aunque hacen lo imposible por no lanzar las campanas al viento, recuerdan, no sin sorna, el perfil de los nuevos activistas de la «ETA-Facebook» nacida en el 2009 y que en los últimos meses ha dejado un reguero de datos en las redes sociales para satisfacción de las fuerzas de seguridad. Estos etarras de nuevo cuño viajan con su documentación real y en coches de sus familiares, compaginan su actividad terrorista con el tráfico de drogas o se prestan a formar parte de listas electorales ilegalizadas y sometidas a la vigilancia continua de las fuerzas de seguridad. Una 'lumpenización' que debe remecer en sus tumbas a más de un histórico

Las caídas, además, no son ya cubiertas con tanta velocidad como hace tres años y medio, cuando ETA rompió la tregua con el atentado de la T-4 de Barajas envalentonada por la ola de jóvenes huidos de la 'kale borroka' que, aun sin experiencia, decidieron dar el paso y enrolarse en sus filas. Con estas nuevas incorporaciones, los terroristas lograron mantener en el 2007, 2008 y parte del 2009 una actividad notable. Pero la veta de la violencia callejera, en cambio, ha caído en picado desde mayo del 2007, cuando hubo más de cien ataques, y con ella el 'salto' de los cachorros a ETA. En verano de 2009, época de fiestas estivales y sabotajes, ningún mes llegó a los 40 atentados de los llamados de baja intensidad.

La amplia redada de la Policía del pasado noviembre contra Segi -la operación se saldó con una treintena de arrestados y de la que huyeron los tres detenidos el jueves en Roma- dejó, además, sin «plan b» y sin cantera a la banda. El resultado es que, por primera vez en la última década, la relación de 'liberados' (fichados) de ETA no supera la treintena. El número de 'legales' (no fichados) es, por supuesto, una incógnita, aunque los servicios de Información no creen que ahora superen la veintena, incluidos los colaboradores.

Nadie paga

Pocos y pobres, insisten los informes de los expertos de la lucha antiterrorista. La nueva ETA está en bancarrota, hasta el punto de que en los últimos meses las fuerzas de seguridad ya han interceptado documentos y comunicaciones en las que se insta a los «legales», los únicos que pueden tener ingresos regulares con las nóminas por su trabajo, a pagar de su bolsillo los trabajos para la banda. Sin aparente capacidad logística ni técnica desde hace una década para sostener un largo secuestro, aunque Interior sigue sin descartar una acción de este tipo, que permita salir del pozo financiero, las dos únicas posibles vías de financiación de ETA, el impuesto revolucionario y, en menor medida, el dinero de los ayuntamientos gobernados por la izquierda abertzale, viven también horas bajas.

La extorsión por medio de cartas no ha cesado. Sólo el año pasado se contabilizaron cerca de 3.500. Sin embargo, cada vez son menos los empresarios vascos y navarros que ceden al chantaje, sabedores que ETA tiene cada vez más difícil cumplir sus amenazas si no pagan. Los terroristas, a su vez, aunque manden las cartas, tienen casi imposible cobrar después el dinero que exigen.

En cuanto a los consistorios afines a ETA, 42 en Euskadi y Navarra, el allegamiento de fondos al entorno pro etarra tiene fecha de caducidad: el 22 de mayo del 2011, fecha de las próximas elecciones municipales en las que será muy difícil que la izquierda abertzale pueda presentar listas de candidatos que pasen el filtro del Supremo y del Constitucional, tribunales que, además, cuentan con el respaldo doctrinario de la corte de Derechos Humanos de Estrasburgo, que en junio del 2009 apoyó por unanimidad la ilegalización de Batasuna. Un espaldarazo internacional que sólo es la guinda a una colaboración transnacional que en Europa ya nadie cuestiona.

Así pues, ¿final de trayecto para ETA? Ninguno, absolutamente ninguno, de los mandos de la lucha antiterrorista se atreve a suprimir los interrogantes a la pregunta. Inquieta que los nombres que suenan como nuevas jefas de ETA, Iratxe Sorzábal Díaz e Izaskun Lesaka Argüelles, procedan del sector 'duro' crecidas a las sombra del sanguinario 'Txeroki'. Pero a pesar de esos nubarrones, todos los que se dejan el pellejo por terminar con la banda repiten, ahora ya convencidos, el mantra: «estamos más cerca del final de ETA».

Los otros dos españoles arrestados, Manuel Tapial y David Segarra, no han podido firmar la órdenes porque éstas no serán entregadas a los hombres en prisión hasta mañana miércoles

Laura Arau, uno de los tres españoles a bordo de la Flotilla de la Libertad asaltada el 31 de Mayo de 2010, firmó hoy la orden de deportación de Israel y volverá a España en cuanto haya un vuelo, confirmaron fuentes de la embajada de su país en Tel Aviv.

Las fuentes confirmaron que los otros dos españoles a bordo de la flotilla, Manuel Tapial y David Segarra, no han podido firmar la órdenes porque éstas no serán entregadas a los hombres en prisión hasta mañana miércoles.

Los tres ciudadanos europeos fueron visitados en la prisión de "Ela" en la ciudad israelí de Beersheva por un representante de la embajada española en Tel Aviv, que dijo encontrarlos "bien, aunque afectados y muy indignados" por lo sucedido en la madrugada del lunes, cuando el Ejército israelí abordó la flotilla y mató a nueve activistas a bordo.

Los tres viajaban en el "Mavi Marnara", el mayor barco de la flota en el que se produjeron los violentos enfrentamientos con las fuerzas hebreas. Dos de ellos presenciaron los primeros momentos del abordaje.

Tapial y Segarra grabaron con cámaras la llegada de los primeros helicópteros y los primeros enfrentamientos, mientras Arau permaneció en la parte del barco reservada a la prensa.

Ninguno de los tres fue agredido y dicen "tener la suerte de estar bien", pero no pueden esconder su "indignación" por las muertes y la respuesta de Israel a lo que debía ser un "gesto pacífico" de entrega de ayuda humanitaria.

Todos ellos insistieron en su encuentro con el número dos de la embajada española ante Israel, Juan Gonzáles Barba, en que se trata de un "abordaje ilegal" del "Mavi Marnara" y que las agresiones comenzaron de la parte de los soldados israelíes.

Los tres dicen haber sido bien tratado tanto después del abordaje, mientras el barco era llevado al puerto israelí de Ashdod, como en prisión, donde tienen alimentos y productos de higiene.

En la cárcel, hombres y mujeres permanecen en pabellones separados y las órdenes de deportación voluntaria han sido entregada primeramente a las mujeres.

Tapial y Segarra esperan poder recibirlas mañana miércoles aunque aseguran que no la firmaran si en ellas figurase como justificante de la deportación la entrada ilegal en el país.

Arau, de la organización Cultura, Paz y Solidaridad, y Segarra, de la cadena de televisión Telesur, fueron los primeros en recibir la visita de González-Barba desde la primera hora de la mañana.

Tapial, compañero sentimental de Arau, no pudo asistir hasta media tarde y los tres volverán a ser visitados por diplomáticos de la embajada española este miércoles.

Israel entrega a Jordania 121 activistas
Israel ha puesto en libertad a 121 activistas internacionales detenidos durante el ataque de ayer a una flota de ayuda a Gaza y se espera su llegada a Jordania en las próximas horas, informaron fuentes oficiales jordanas.

Los activistas, jordanos y de otras nacionalidades, cruzarán a Jordania por el puente Rey Husein, que conecta a este país con Cisjordania, según el portavoz del Ministerio jordano de Asuntos Exteriores, Faisal Malkawi. "El embajador jordano en Tel Aviv, Ali al Ayed, nos ha informado que Israel ha puesto en libertad a 121 activistas de la flotilla que son ciudadanos de Jordania y de otros países que no tienen vínculos diplomáticos con Israel", agregó Malkawi.

Además de jordanos, en el grupo hay ciudadanos de Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Yemen, Marruecos, Argelia, Omán, Mauritania, Pakistán, Indonesia y Azerbaiyán, agregó el portavoz. Jordania y Egipto son los dos únicos países árabes que tienen vínculos diplomáticos con Israel.