Declaración universal de derechos humanos
PREPREÁMBULO
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;
Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y
Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;
LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.
- El Rey apela a la solidaridad entre comunidades en una España plural
- Los disidentes piden mantener la presión sobre Cuba
- Moratinos viajará a Cuba para apoyar los derechos humanos
- ACNUR pide a España que el Reglamento de Asilo "detalle las garantías" para los menores que necesitan protección
- Unas 3.000 personas solicitaron asilo a España en 2009
- La catalana Laura Arau, detenida en Israel, firma la deportación y volverá a casa
- El Comité Ejecutivo del CERMI aprueba su segundo informe sobre el respeto a la práctica a las disposiciones de la Convención de la ONU sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.
- La UE pide a Marruecos más respeto a los derechos humanos en el Sáhara
- Fernandez de la Vega aboga por un enfoque integral de los derechos humanos
- Artículos 1 al 5
- Artículos 6 al 10
- Artículos 11 al 15
- Artículos 16 al 20
- Artículos 21 al 25
- Artículos 26 al 30
La llamada Ofrenda Nacional al Apóstol Santiago, una tradición que la Corona española mantiene desde 1643 y que se renueva en cada año jubilar, permitió ayer al rey Juan Carlos lanzar un mensaje de inequívoco contenido político en el que apeló a la unidad de los españoles, la solidaridad interterritorial y el reconocimiento de la condición «diversa y plural» del Estado. «Te pido –dijo el Monarca, dirigiéndose al apóstol, en la catedral compostelana– que fomentes todo aquello que nos une y nos hace más fuertes, que ensancha el afecto entre nuestros ciudadanos, que asegura la solidaridad entre nuestras comunidades autónomas y que hace de España la gran familia unida, al tiempo que diversa y plural, de la que nos sentimos orgullosos».
No fue esa la única alusión que Juan Carlos hizo a la necesidad de «diálogo», «consenso» y «entendimiento» en un momento en el que parecen arreciar las tensiones territoriales, especialmente a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut de Catalunya. El Rey subrayó que ha sido precisamente «la voluntad de entendimiento y el esfuerzo de todos» lo que ha permitido a España vivir en las últimas décadas «una de las etapas más fecundas de su historia, la más larga en términos de democracia y libertad, con una moderna articulación territorial». Más adelante, afirmó que el camino del progreso requiere «planteamientos integradores» y exhortó a las autoridades y a los responsables políticos, económicos y sociales a «redoblar esfuerzos», animados por la confianza en «una España que, en los últimos decenios, ha sabido sobreponerse a las dificultades y resolver los problemas con la entrega de todos y –agregó– en el marco de nuestra Constitución».
En la misma línea, rogó al patrón de España que ayude a conservar y mejorar los logros alcanzados y a promover «la tolerancia y el respeto mutuo, el amor a la justicia y a la equidad, para reforzar –apuntó– los pilares de nuestra convivencia en libertad en torno a las reglas y principios que nos hemos querido dar».
AYUDA CONTRA LA CRISIS / La crisis económica estuvo también muy presente en la ofrenda del Monarca, que pidió al apóstol «iluminación» y ayuda a fin de superar estos tiempos «difíciles y complejos», «de tan duras consecuencias para millones de personas y de familias». La guerra, el terrorismo, la opresión, el hambre, la discriminación y la violación de los derechos humanos, por este orden, fueron otros de los asuntos contra los que Juan Carlos reclamó la intercesión del santo.
Ataviado con chaqué, como exige la etiqueta de la ceremonia –la reina Sofía iba con mantilla y peineta–,
el Rey concluyó su parlamento con unas palabras en gallego en las que elogió el papel que Galicia desempeña como lugar de acogida de millones de peregrinos llegados de todo el mundo. Al igual que estos, Juan Carlos y Sofía cumplieron con el ritual de abrazar la efigie del apóstol después de presenciar el vuelo del botafumeiro por la nave central de la catedral compostelana.
Entre las autoridades presentes en el acto, destacaron el ministro de Fomento, José Blanco; el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el senador y presidente fundador del PP, Manuel Fraga, que llegó en silla de ruedas y a quien los Reyes saludaron con particular afecto.
En su homilía de respuesta, el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, que presidió el oficio religioso concelebrado por más de 70 obispos y sacerdotes, se encomendó asimismo al santo para pedirle que «revitalice» la identidad que «ha vertebrado la historia de los pueblos de España, con lo común de todos y lo específico de cada uno».
Tras el aterrizaje en España, el martes, de los primeros siete presos políticos liberados por el régimen cubano, ayer siguió el goteo de llegadas, con dos reclusos opositores más, que se prolongará hasta completar el paquete total de 52 personas. Los periodistas Normando Hernández, de 40 años, y Omar Rodríguez, de 44, llegaron ayer a Madrid y pidieron que la Unión Europea no abandone la Posición Común que rige la política de los Veintisiete hacia Cuba.
«Es una aberración retirar la Posición Común porque los objetivos de la misma no se han cumplido», subrayó Normando Hernández para puntualizar: «Los objetivos eran que en Cuba se respeten los derechos humanos y los derechos inalienables de los hombres y eso no se ha conseguido». Este periodista trabajaba para Radio Martí, emisora con sede en EEUU, y fue condenado a 25 años de cárcel tras ser detenido durante la ola represiva en la isla en marzo del 2003, conocida como la primavera negra.
Por su parte, Omar Rodríguez, también periodista y que fue director de la agencia de noticias Nueva Prensa Cubana antes de ser encarcelado en el 2003, insistió en que no es idóneo que Europa relaje sus exigencias a Cuba. No se pueden interpretar las liberaciones como una mejora de los derechos humanos en Cuba». «Se tiene que ver como un proceso para reiniciar el diálogo de Cuba con la UE», añadió.
Fuentes de la disidencia interna explicaron ayer que 10 de los presos que van a ser liberados no tienen intención de abandonar la isla. De esa decena de prisioneros, cuatro se lo han comunicado ya al cardenal Jaime Ortega –máxima autoridad católica–, según Elizardo Sánchez, de la opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos.
El ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, anunció que el próximo lunes viajará a Cuba para apoyar el esfuerzo de la Iglesia católica y las autoridades cubanas para mejorar los derechos humanos en el país.
En declaraciones a la emisora de radio Cadena Ser, Moratinos señaló que en su estancia en Cuba, que se prolongará hasta el martes, seguirá llevando a cabo "todos los esfuerzos de diálogo" y se mostró convencido de que habrá resultados positivos en lo que se refiere a la situación de los derechos humanos en la isla, acotó Efe.
Preguntado si se ha movido algo en Cuba en los últimos tiempos, el diplomático dijo que sí, y recordó que cada país tiene sus ritmos y añadió que lo que hay es una situación "muy compleja" y un debate "cada vez mayor".
El ministro subrayó que en este proceso el Gobierno español debe estar unas veces "exigente" y otras "denunciando" casos como el del preso político Orlando Zapata, fallecido en febrero pasado tras una larga huelga de hambre, pero "nunca rompiendo el diálogo", que es el "instrumento esencial" de la diplomacia española.
La representante en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Maricela Daniel, ha pedido al Gobierno español que el Reglamento de la Ley de Asilo que está elaborando "detalle las garantías" para los menores que necesitan protección.
En una ponencia ofrecida durante el seminario 'Europa y el Asilo' organizado en Madrid por Accem, Cear, Rescate y Cruz Roja en colaboración con La Merced de Migraciones y el propio ACNUR, Daniel ha expresado su "preocupación" por "el énfasis en el retorno" que han puesto España y la UE cuando se trata de niños migrantes en general.
Según dijo, "tiene que haber un buen mecanismo, que no se asuma simplemente que el retorno es por definición el interés superior del menor, porque cada niño tiene una historia muy diferente".
"No hay un interés superior del menos, hay un interés superior de un niño concreto", destacó la representante de ACNUR en España para incidir en que el Plan aprobado en la UE sobre los niños migrantes desamparados a propuesta de España está a su juicio demasiado enfocado al retorno de los menores con sus familias en los países de origen.
En su intervención, que repasó las recomendaciones que ACNUR elevó a la presidencia española de la UE cuando arrancó el semestre, Daniel se refirió asimismo a la política comunitaria de control de fronteras para afirmar que "queda muchísimo por trabajar" en materia de protección de derechos.
"Pedimos a España que se garanticen los Derechos Humanos y el principio de 'non refoulement' (no devolución) en las actividades de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex)", recordó.
En este sentido, incidió en la situación concreta de las víctimas de trata para afirmar que "queda muchísimo por trabajar para concienciar a las autoridades de que las víctimas de trata pueden ser ya no sólo solicitantes, sino también admisoras del derecho de asilo".
Un total de 3.005 personas solicitaron asilo a España el año pasado, lo que supone el nivel más bajo de peticiones que se registra desde los años noventa e implica un descenso del 33,6 por ciento respecto de 2008, según explica la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en un informe del que se desprende que más de la mitad fueron inadmitidas a trámite y "sólo" 349 personas recibieron alguna protección por parte del Estado.
El estudio, titulado 'Situación de los Refugiados en España 2010', sostiene que este descenso se debe a que este país "es un alumno aventajado en el control policial de las fronteras" pero "va con retraso" en la protección internacional porque las autoridades rechazan a personas perseguidas en sus países de origen como si fueran inmigrantes económicos en situación irregular dada la "falta de mecanismos" para distinguir entre unos y otros.
Así lo han explicado en rueda de prensa la presidenta de CEAR, María Jesús Arsuaga, y el coordinador del informe, Mauricio Valiente, quienes han incidido en que España "no supera el examen en el nivel más primario de la protección internacional" porque, mientras los refugiados en el mundo se incrementan --las peticiones en la UE han crecido un 10%--, este país ha tenido en 2009 "la cifra de solicitudes más baja de su historia".
En concreto, CEAR expone que de las 3.000 solicitudes recibidas el año pasado, más de la mitad no se admitieron a trámite (52%) y señala que durante el mismo periodo, "el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, firmó la denegación de la protección internacional a 2.288 personas".
El 8 por ciento de las solicitudes se cursaron en puestos fronterizos y el 41 por ciento ya en territorio español. Valiente destacó que "sólo el 1 por ciento" se presentaron en las embajadas y consulados, posibilidad "que ha desaparecido con la nueva Ley de Asilo", algo a su juicio innecesario porque "el bajo número de peticiones, un total de 83, demuestra que no se habría desbordado el procedimiento por esta vía".
Por nacionalidades, el mayor número de solicitudes presentadas en España correspondieron a ciudadanos nigerianos (581) aunque siete de cada diez fueron inadmitidas a trámite. Le siguen los oriundos de Costa de Marfil con 345 peticiones, la mitad inadmitidas; y los de Colombia, que sumaron 280 de las que el 47,5 por ciento no se admitió. No obstante, aunque presentaron menos peticiones, en el caso de los palestinos, los iraquíes y de Sri Lanka se admitió más del 90 por ciento.
Cuando se inadmite a trámite la petición, el solicitante tiene la posibilidad de apelar por vía judicial. El año pasado se presentaron 1.036 recusos en este sentido y los juzgados dictaron 83 sentencias estimatorias y más de 1.400 desestimatorias (el 92 por ciento del total), según el informe de CEAR.
Respecto a las admisiones a trámite, que se resuelven en 72 días hábiles, Valiente explicó que la Administración tarda "una media de dos años" en analizar el caso y responder concediendo o denegando la protección. El año pasado Interior reconició el estatuto de refugiado a 179 personas, un total de 172 recibieron protección subsidiaria y ocho accedieron a un permiso de residencia por motivos humanitarios.
"NO SOMOS INMIGRANTES"
Mientras la administración resuelve, el solicitante puede recibir apoyo de organizaciones como CEAR, especialmente hasta cumplir seis meses en España, cuando acceden al permiso de trabajo, o Interior resuelva sobre su petición. En esta situación de espera se encuentra un hondureño de nombre Jonathan, que a sus treinta años se vio obligado a huir de su país por su participación activa en el movimiento opositor al gobierno golpista de Roberto Micheletti.
Según declaró en la rueda de prensa, su pareja, también activista, fue torturado y asesinado en el domicilio que ambos compartían, momento en que decidió ponerse en manos de una ONG de Derechos Humanos que le ocultó "cada noche en un lugar distinto" hasta que empujó su salida del país cuando ya "no podía proteger su vida" y le puso en contacto con CEAR.
Llegó a España el pasado 8 de febrero y tras 48 horas retenido en una de las dependencias del Aeropuerto de Madrid Barajas, donde recibió asistencia de Cruz Roja y prestó declaración ante la policía y los delegados de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior, cruzó la frontera española en calidad de solicitante de asilo.
Como la suya, España ha recibido cerca de un centenar de peticiones desde que se produjo el golpe de Estado en Honduras el año pasado y, según CEAR, "casi la totalidad" han sido admitidas a trámite. Además, al aplicarse la vía de urgencia, hay ya "al menos dos" conciudadanos de Jonathan a los que se ha concedido el estatuto de refugiado.
"Los asilados políticos no somos migrantes económicos. Nos vemos involicrados en situaciones de injusticia en nuestros países", explicó Jonhatan, para incidir en lo traumático que resultó para él dejar toda su vida y salir corriendo para "poder seguir denunciando lo que allí ocurre" dado que en aquel país "tenía las horas contadas".
Los otros dos españoles arrestados, Manuel Tapial y David Segarra, no han podido firmar la órdenes porque éstas no serán entregadas a los hombres en prisión hasta mañana miércoles
Laura Arau, uno de los tres españoles a bordo de la Flotilla de la Libertad asaltada el 31 de Mayo de 2010, firmó hoy la orden de deportación de Israel y volverá a España en cuanto haya un vuelo, confirmaron fuentes de la embajada de su país en Tel Aviv.
Las fuentes confirmaron que los otros dos españoles a bordo de la flotilla, Manuel Tapial y David Segarra, no han podido firmar la órdenes porque éstas no serán entregadas a los hombres en prisión hasta mañana miércoles.
Los tres ciudadanos europeos fueron visitados en la prisión de "Ela" en la ciudad israelí de Beersheva por un representante de la embajada española en Tel Aviv, que dijo encontrarlos "bien, aunque afectados y muy indignados" por lo sucedido en la madrugada del lunes, cuando el Ejército israelí abordó la flotilla y mató a nueve activistas a bordo.
Los tres viajaban en el "Mavi Marnara", el mayor barco de la flota en el que se produjeron los violentos enfrentamientos con las fuerzas hebreas. Dos de ellos presenciaron los primeros momentos del abordaje.
Tapial y Segarra grabaron con cámaras la llegada de los primeros helicópteros y los primeros enfrentamientos, mientras Arau permaneció en la parte del barco reservada a la prensa.
Ninguno de los tres fue agredido y dicen "tener la suerte de estar bien", pero no pueden esconder su "indignación" por las muertes y la respuesta de Israel a lo que debía ser un "gesto pacífico" de entrega de ayuda humanitaria.
Todos ellos insistieron en su encuentro con el número dos de la embajada española ante Israel, Juan Gonzáles Barba, en que se trata de un "abordaje ilegal" del "Mavi Marnara" y que las agresiones comenzaron de la parte de los soldados israelíes. 
Los tres dicen haber sido bien tratado tanto después del abordaje, mientras el barco era llevado al puerto israelí de Ashdod, como en prisión, donde tienen alimentos y productos de higiene.
En la cárcel, hombres y mujeres permanecen en pabellones separados y las órdenes de deportación voluntaria han sido entregada primeramente a las mujeres.
Tapial y Segarra esperan poder recibirlas mañana miércoles aunque aseguran que no la firmaran si en ellas figurase como justificante de la deportación la entrada ilegal en el país.
Arau, de la organización Cultura, Paz y Solidaridad, y Segarra, de la cadena de televisión Telesur, fueron los primeros en recibir la visita de González-Barba desde la primera hora de la mañana.
Tapial, compañero sentimental de Arau, no pudo asistir hasta media tarde y los tres volverán a ser visitados por diplomáticos de la embajada española este miércoles.
Israel entrega a Jordania 121 activistas
Israel ha puesto en libertad a 121 activistas internacionales detenidos durante el ataque de ayer a una flota de ayuda a Gaza y se espera su llegada a Jordania en las próximas horas, informaron fuentes oficiales jordanas.
Los activistas, jordanos y de otras nacionalidades, cruzarán a Jordania por el puente Rey Husein, que conecta a este país con Cisjordania, según el portavoz del Ministerio jordano de Asuntos Exteriores, Faisal Malkawi. "El embajador jordano en Tel Aviv, Ali al Ayed, nos ha informado que Israel ha puesto en libertad a 121 activistas de la flotilla que son ciudadanos de Jordania y de otros países que no tienen vínculos diplomáticos con Israel", agregó Malkawi.
Además de jordanos, en el grupo hay ciudadanos de Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Yemen, Marruecos, Argelia, Omán, Mauritania, Pakistán, Indonesia y Azerbaiyán, agregó el portavoz. Jordania y Egipto son los dos únicos países árabes que tienen vínculos diplomáticos con Israel.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado, por segundo año consecutivo, el Informe Derechos Humanos y Discapacidad, que tiene como finalidad analizar el estado de aplicación y respeto de los principios y disposiciones de la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (CDPD).
Dicho documento, elaborado por la Delegada del CERMI para la CDPP, Ana Sastre, ha sido recientemente aprobado por el Comité Ejecutivo del CERMI, que se reunió en el Senado, donde su presidente, Javier Rojo, expresó su compromiso con el sector de la discapacidad.
El CERMI fue designado por el Gobierno de España en septiembre de 2009 como organismo de seguimiento independiente para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención en España. En esta línea, el CERMI evidencia en este informe prácticas y disposiciones en claro conflicto con el Tratado, con la intención de llamar la atención de las administraciones públicas.
El comité denuncia ciertos incumplimientos
El pasado año, el CERMI denunció los sistemáticos incumplimientos de las normas de accesibilidad en los entornos, productos y servicios, incluidas las páginas de Internet. En su opinión, “el incumplimiento 
de las leyes existentes requiere un compromiso político que persiga y sancione este tipo de actuaciones que incluya el desarrollo autonómico del régimen de infracciones y sanciones previsto por la ley, sin el cual se deja sin efecto este sistema de protección”.
En este sentido, en el informe también se reclama la necesaria activación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) como una herramienta de “especial relevancia” para el desarrollo y aplicación de la Convención, a fin de proporcionar los ajustes y apoyos necesarios que sitúen a las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades para el pleno ejercicio de sus derechos humanos.
Asimismo, el CERMI recuerda que la falta de cumplimiento del derecho de accesibilidad origina la vulneración de derechos fundamentales, como el derecho de acceso a la justicia, la educación o el derecho a una vida independiente.
Por otro lado, el CERMI ha registrado un incremento de denuncias relativas a la vulneración del derecho a la educación de las niñas y los niños con discapacidad; ya que es frecuente la denegación de ajustes razonables para acceder a una educación inclusiva, sobre todo para determinados alumnos y alumnas con mayores necesidades de apoyo.
El informe denuncia, por segundo año, las vulneraciones de derechos permitidas por el ordenamiento jurídico, que además, “afectan con mayor intensidad a las mujeres con discapacidad, como es la esterilización forzosa”.
Asimismo, se incluyen en dicho informe la regulación del aborto eugenésico o la necesidad de reformar el procedimiento de protección y garantías para las personas que requieren apoyo a la toma de decisiones para en el ejercicio de sus derechos, hoy incapacitadas judicialmente.
La UE pidió ayer a Marruecos, por boca del presidente permanente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, "mejoras en la situación de los derechos humanos" en el Sáhara y, en particular, "en la situación de sus defensores", una alusión velada a Aminetu Haidar y otros activistas saharauis perseguidos por Rabat. Fue una "señal clara e inequívoca", según dijo el propio Van Rompuy en la rueda de prensa conjunta con el jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero; el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, y el primer ministro marroquí, Abbas El Fassi, al término de la primera cumbre entre la Unión Europea y Marruecos, celebrada en Granada.
Rompuy, que llevó la voz cantante en la delegación europea, expresó el apoyo de la Unión a los esfuerzos de la ONU por llegar a una "solución política justa, duradera y mutuamente aceptable" para la ex colonia española y aseguró que la UE seguirá trabajando en los "aspectos humanitarios" del conflicto. No quiso pronunciarse, sin embargo, sobre la posibilidad de que la misión de Naciones Unidas para el Sáhara (MINURSO) asuma entre sus funciones la vigilancia del respeto a los derechos humanos.
Mohamed VI, que rehusó acudir a Granada, irrumpió sin embargo en los debates a través de un discurso leído por su primer ministro. El rey marroquí pidió a la UE que apoye su propuesta para resolver el "artificial contencioso" del Sáhara mediante "una amplia autonomía". El Fassi responsabilizó a Argelia de prolongar el conflicto y de preferir "que no haya ni guerra ni paz", mientras que su ministro de Asuntos Exteriores, Tayeb Fassi Firi, acusó a Haidar de no ser una defensora de los derechos humanos, ya que tiene su "propia agenda política". La declaración final de la cumbre, laboriosamente acordada entre las dos partes, se limita a apoyar una solución pactada en el marco de la ONU, aunque evita mencionar el derecho a la autodeterminación.
Rompuy expresó también el "muy fuerte interés" de la UE por "ver avances en el respeto a las libertades fundamentales y los derechos humanos" en Marruecos, convertido en socio privilegiado de la Unión Europea a través de un Estatuto Avanzado que aún debe llenarse de contenido. El primer ministro marroquí admitió la existencia de violaciones de los derechos humanos en su país, pero aseguró que se trata de "casos aislados" y que se castiga a sus responsables. En la declaración final se insta a Marruecos a aplicar las recomendaciones de la Instancia de Equidad y Reconciliación (IER), la comisión de la verdad que investigó la represión bajo el reinado de Hassan II, padre del actual rey.
Frente a las preocupaciones europeas por el Sáhara o los derechos humanos, los marroquíes se quejaron del retraso en la aplicación del nuevo acuerdo agrícola, alcanzado en diciembre. El propio Mohamed VI pidió "una puesta en marcha rápida y efectiva de este acuerdo", que levanta restricciones a la entrada de hortalizas marroquíes en el mercado europeo, pero Barroso tuvo que recordar que, tras la entrada en vigor del tratado de Lisboa, su ratificación depende del Parlamento Europeo. Zapatero se mostró satisfecho con el apoyo marroquí a la Unión por el Mediterráneo (UPM), cuya cumbre está prevista para junio en Barcelona.
Dijo que España y la UE están dispuestas a trabajar con el resto de los países con ese objetivo, y en terrenos concretos como es "tomar medidas conjuntas para combatir cualquier incitación al odio religioso".
No obstante, aclaro que "es fundamental distinguir la legítima expresión de crítica de la incitación al odio" y dijo que se debe superar "el debate estéril" sobre el concepto de la difamación de religiones, un concepto que envenena el funcionamiento del Consejo de Derechos Humanos.
La vicepresidenta primera reiteró que la Alianza de Civilizaciones, copatrocinada por España y Turquía y que ha hecho suya Naciones Unidas, "constituye una iniciativa en la buena dirección".
Y expresó también su apoyo a la iniciativa promovida conjuntamente con el Grupo de Estados Latinoamericanos y del Caribe sobre los derechos de los niños, centrada en combatir la violencia sexual contra menores, y que se espera sea aprobada en una resolución en esta sesión del Consejo.
Fernández de la Vega se refirió a la directiva europea de no discriminación que España espera sacar adelante durante su presidencia.
Pero dijo que "no podremos hablar de ciudadanía plena, no podremos hablar de igualdad plena mientras siga existiendo la terrible lacra de la violencia de género".
Por eso -añadió- "hemos propuesto a nuestros socios comunitarios la creación de un Observatorio para la violencia de género y espero que también pronto aprobemos la orden europea de protección para las víctimas".
Acerca del funcionamiento del propio Consejo de Derechos Humanos, la vicepresidenta se mostró convencida de que "podemos y debemos introducir mejoras".
Entre ellas, dijo que hay que asegurarse de que el Examen Periódico Universal, al que todos los países son sometidos, "funcione correctamente, ateniéndose siempre y en todo lugar a los principios de universalidad y transparencia".
Y dijo que se debe fortalecer la labor de los relatores y expertos de la ONU que trabajan sobre el terreno y son "los ojos y los odios del Consejo". EFE vh/jac
Articulo 1
- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2
- Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
- Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
Artículo 3
- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 4
- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
Artículo 5
- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 6
- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 7
- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Artículo 8
- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
Artículo 9
- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Artículo 10
- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Artículo 11
- Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
- Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Artículo 12
- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Artículo 13
- Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
- Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país.
Artículo 14
- En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.
- Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 15
- Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
- A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.
Artículo 16
- Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
- Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
- La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
Artículo 17
- Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
- Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Artículo 18
- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Artículo 19
- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Artículo 20
- Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
- Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Artículo 21
- Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
- Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
- La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
Artículo 22
- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 23
- Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
- Toda personal tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
- Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
- Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Artículo 24
- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
Artículo 25
- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
- La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Artículo 26
- Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
- La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
- Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Artículo 27
- Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
- Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Artículo 28
- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.
Artículo 29
- Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
- En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.
- Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 30
- Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.