La propuesta promovida por la derechista Unión Democrática del Centro (UDC) fue aprobada con 53 por ciento de los votos. La mayoría de los cantones donde se habla francés se opusieron a la medida, en tanto los de origen alemán la apoyaron. Salvo por el de Basilea-ciudad, en el resto la aprobación fue de 66 por ciento.

Es un "día negro para los derechos humanos en Suiza", reza una declaración de Amnistía Internacional, que, al igual que otras organizaciones, quedó "impactada". El triunfo de la UDC se basó sobre una campaña xenófoba.

Según el Tribunal Federal de Suiza, las condenas de más de un año permiten poner en marcha el mecanismo de deportación. Suiza expulsa entre 350 y 400 extranjeros delincuentes al año, según la Oficina Federal de Migraciones. Con la iniciativa aprobada el domingo, la cantidad aumentará a 1.500 personas.

La ministra de Justicia Simonetta Sommaruga será la responsable de implementar la iniciativa, una tarea nada fácil. "Desde el punto de vista constitucional, la medida no es viable sin violar tratados ni normas internacionales", indicó Spescha.

El principio de no expulsión previsto en la legislación internacional establece que ninguna persona deberá ser deportada a países en los que pueda ser perseguida. La norma que acaba de ser aprobada viola la Convención Europea de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, de la Organización de las Naciones Unidas.

La deportación de extranjeros que delinquen también atenta contra el Acuerdo bilateral Suiza-Unión Europea sobre el Libre Movimiento de Personas.

El gobierno y la mayoría parlamentaria, constituida principalmente por los miembros de los partidos liberales promovieron sin éxito una contrapuesta.

La organización de defensa de los derechos de los refugiados Solidarité sans frontières (SOSF) se opuso a ambas propuestas, al igual que el Partido Verde y algunos miembros de la agrupación Socialdemócrata de Suiza. La contrapropuesta se basó sobre una sociedad en la que los extranjeros tienen un trato legal diferente al de los ciudadanos suizos, indicó el secretario general de SOSF, Moreno Casasola. "Era más progresista en materia de aplicación jurídica que la iniciativa de la UDC, pero su fundamento seguió siendo xenófobo", explicó.

En cambio, el Consejo Suizo para los Refugiados apoyó la contrapropuesta.

La UDC maneja mucho dinero gracias al cual lleva adelante una campaña contra la inmigración desde hace 20 años, remarcó. En Suiza, las campañas electorales no están reguladas, indicó Skenderovic, quien añadió que es necesario fijar normas de transparencia en la materia.(FIN/2010)”